Los derechos de los mayores: un barómetro europeo

Las personas mayores son un grupo con un peso cada vez mayor en términos demográficos. Hoy en día, el 20% de la población española tiene más de 65 años, una proporción creciente año tras año. De ahí que, el bienestar y los derechos de los mayores se han alto como una de las cuestiones clave para las políticas sociales y sanitarias y son muchos los campos en los que se puede accionar para prosperar su calidad de vida. 

En este contexto, AGE Platform Europe ha anunciado el informe AGE Barometer 2020. Se trata de la segunda edición de una investigación que evalúa anualmente la situación socioeconómica de la gente mayores en la UE y también identifica fortalezas y faltas en la legislación y los recursos sociales a su alcance. 

 

 

Con un foco muy amplio, el documento da cuenta de la situación de vulnerabilidad de estas personas en múltiples frentes, desde el aislamiento a los pésimos tratos, y con la pandemia como agravante coyuntural. Esta fotografía pretende contemplar la UE en su grupo, al unísono que indaga con más hondura y datos en 9 países integrantes, entre ellos España. 

Discriminación por edad

AGE advierte que la discriminación por edad es un inconveniente en aumento. No obstante, afirma, en Europa sigue faltando protección legal comprehensiva para hacerle frente. 

Desde la UE se hicieron algunos pasos contra el trato diferencial en el planeta laboral, con la directiva de igualdad en el empleo, aprobada en el 2000. Esta legislación, transpuesta en todos y cada Estado miembro, resguarda a la gente mayores ante la discriminación a la hora de postular para una oferta de trabajo, su exclusión de los sistemas de promoción y formación o incluso el acoso laboral. 

Sin embargo, el informe denuncia que la desigualdad por edad persiste en campos como el ingreso a protección popular, vivienda o ciertos bienes y servicios como los seguros, sin que la UE haya impulsado ninguna directiva. Esta falta de legislación implica que los Estados miembro no estén obligados a contemplar la discriminación por edad en su entramado institucional. En verdad España pertence a los únicos países de la UE que no tiene ningún organismo público que se ocupe oficialmente de esos inconvenientes.

En esta línea, el AGE Barometer 2020 pone de relieve como la Covid-19 ha acentuado el agravio comparativo en los derechos de los mayores. De este modo, demanda su discriminación en el triaje hospitalario y la precariedad y el descontrol en las viviendas, que provocaron una alta factura de mortalidad. Asimismo habla de la “falta de dignidad” en la desaparición de muchas personas, que murieron en soledad.

Inclusión social y brecha digital

Estos riesgos discriminatorios se anotan en el “alarmante contexto de exclusión social” de los mayores en España, donde un 15% de ellos está en riesgo de pobreza. Pese a este panorama, el informe festeja las ideas presentes en nuestro país para la inclusión popular de este colectivo. Resalta, de esta manera, el papel de los proyectos para fomentar la interacción y participación social de los mayores, como los programas de voluntariado de mayores o las iniciativas de acompañamiento telefónico. 

Todos ellos suponen chances para revertir el inconveniente de la soledad no deseada, en un país en que solo el 76,6% de los mayores dicen estar en contacto con sus familiares al menos semanalmente. Según un informe de la Fundación La Caixa, la soledad afecta a un 68,4% de la gente que acuden a sus centros de mayores. Otra encuesta, de Amics de la Gent Enorme, concluyó que un 41% de la gente mayores se sintieron mucho más solas a lo largo de la pandemia.

En esta coyuntura, se ha mostrado asimismo el efecto de otra desigualdad intergeneracional: la brecha digital. En las fases mucho más duras de la pandemia, las tecnologías dejaron socorrer las distancias físicas y sentir la proximidad de los seres queridos. No obstante, muchos mayores no gozaron de estas ventajas. De ahí que, el informe llama a promover el acceso de los mayores a las herramientas digitales.

Salud, discapacidad y cuidados 

El barómetro asimismo resalta la necesidad de reforzar la resiliencia de los sistemas de salud y atención, cuyas deficiencias quedaron expuestas por la pandemia. AGE protege unas políticas sanitarias mucho más enfocadas en el curso escencial y una inversión en cuidados que pueda impedir y responder ante el deterioro de las capacidades físicas y mentales. Para ello, insta a la UE a ser ambiciosa en su apuesta por la calidad de los cuidados a largo plazo. 

En relación a España, el informe resalta la alta esperanza de vida (la segunda en Europa, solo tras Suiza) y su cuarto puesto en el índice de salud pública European Core Health Indicators. Sin embargo, el informe contrasta estos datos con las dificultades de la infraestructura sanitaria des de la crisis del 2008 y afirma que el 73% de los mayores de 65 sufre alguna enfermedad crónica

Además, apunta que en 2012 un 25,4% de la gente de 60-74 años y un 50,9% de las mayores de 75 en España padecían alguna discapacidad y que casi la mitad de ellos no recibía asistencia bastante en su cuidado personal. Por este motivo, el barómetro urge a adoptar cambios legislativos para “reducir óbices y hacer más simple una vida mucho más digna para todos”. 

En su radiografía de la asistencia en España, el informe destaca la relevancia de los cuidados informales, asumidos habitualmente por personas mayores. En lo que se refiere a la infraestructura de cuidados en un largo plazo, explica que el 70% está gestionada por entidades privadas y reclama la necesidad de prosperar el modelo, singularmente a nivel de financiación, y reformarlo con políticas centradas en el derecho a una vida digna en cada etapa escencial.

Abusos

Finalmente, el informe se enfoca en los abusos a personas mayores, sobre los cuales falta información y datos claros en numerosos países. Es el caso de España, donde según AGE hay escasas herramientas y elementos para accionar contra los pésimos tratos y proteger a las víctimas. 

AGE Platform Europe es una red de organizaciones de toda la UE pensada en representar a la gente mayores ante las instituciones europeas y también y aportar su perspectiva en el enfrentamiento político, en un extenso abanico de temas: no discriminación, empleo y envejecimiento activo, pensiones, protección y también inclusión popular, salud, investigación, etcétera. 

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